domingo, 9 de agosto de 2015

¿A QUE ESTAMOS JUGANDO?: EL FRACASO DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN MEXICO J.M. GOMEZ, Para GradoCeroPress


Hay quienes señalan que el grado de civilización de una sociedad se puede medir mirando al interior de sus prisiones. Si esto es verdad, ¿Cuál es el veredicto que hay que emitir sobre México, con un sistema carcelario, corrupto, sobrepoblado y ante todo ineficaz?
Con la fuga de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo” no solo se escapa el líder de una de las organizaciones más poderosas del crimen organizado en el país, también se esfuma el último vestigio de credibilidad del que gozaba el sistema penitenciario mexicano, las cifras no son halagadoras y los resultados brillan por su ausencia.
Tan solo entre los años 2010 y 2011, según cifras de la extinta Secretaria de Seguridad Pública,  se registraron más de 3200 motines, 922 riñas, 316 muertes y 320 internos lograron fugarse de penales mexicanos, ya en aquel tiempo cuando el ocaso de la administración Calderón se veía en el horizonte, la crisis era más que visible, sin embargo el problema siguió expandiéndose.
Al día de hoy la red de penales mexicanos se compone de 386 centros penitenciarios, 17 de los cuales están bajo la jurisdicción del gobierno federal, 11 corresponden al Distrito Federal, 283 a los gobiernos estatales y 75 a los gobiernos municipales y para Septiembre de 2014, estos eran ocupados por una población de 258,563 personas privadas de libertad, de los cuales el 80.71% pertenecen al fuero común y el 19.29% pertenecen al fuero federal.
Como es lógico la carga en materia de recursos destinados a esta área, es cuantiosa y significativa  la Federación otorgó en el año 2011, 7,124.3 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal. Las entidades federativas que recibieron más recursos ese año fueron: el Estado de México, 568,101,295 pesos; el Distrito Federal, 445,548,644 pesos y  Veracruz, 341,876,124 pesos.
En su libro sobre el costo de la prisión preventiva en nuestro país, Guillermo Zepeda asegura que aproximadamente el 32.9% de los presupuestos estatales en seguridad ciudadana se dedica a los respectivos sistemas carcelarios, para obtener resultados más bien pobres. De acuerdo al abogado criminalista Fermín Mármol García "El 95% de las extorsiones telefónicas son cometidas desde las cárceles del país”.
Todo esto nos lleva a pensar en el problema más evidente que tendría que afrontar el gobierno federal, la sobrepoblación penitenciaria lo evidencia el Estado de México con 137.17 %, Nayarit con 137.93 % e Hidalgo con 104.3 % esta puede vincularse al deterioro, la insalubridad y la falta de mantenimiento de las instalaciones; el insuficiente acceso a los servicios de salud física y mental; la falta de opciones de desarrollo personal y social; las prácticas de tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y como las violentas luchas internas de poder por el control de los espacios.
La Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), en un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en América, emitió una serie de puntos recomendatorios que si se acataran en su conjunto, el Gobierno Federal tendría la oportunidad de cumplir su obligación de respetar los derechos humanos de las más de 250 mil personas que se encuentran hoy en día en situación de reclusión.
Paralelo a estas circunstancias durante el primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en 2009, el Estado mexicano aceptó cuatro recomendaciones para implementar en el ámbito penitenciario, comprometiéndose mediante ellas a mejorar las condiciones de vida en los centros de reclusión, invertir suficientes recursos económicos al sistema penitenciario, tomar las medidas necesarias para capacitar al personal de guardia y custodia; investigar sobre los abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y castigar debidamente a los responsables.
Han pasado seis años de esto y aun siguen siendo humo y espejos estos compromisos, dos administraciones federales han observado el problema y el problema subsiste.


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