Sin protocolo para disparar. Esa parece ser la prebenda que tienen militares y policías federales cuando se enfrentan a civiles, a presuntos delincuentes, a comunidades indígenas, por lo menos esa ha sido la constante desde hace un año que se registró el caso Tlatlaya donde se documentó la muerte de 21 personas y el más reciente caso en Ostula, Michoacán, donde se investiga la participación del Ejército en la muerte de tres comuneros, incluido un niño de 12 años.
No son los únicos casos. Hay otros estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero para sumar por lo menos un centenar de civiles abatidos en el último año por fuerzas federales, en refriegas, en presuntos enfrentamientos, en retenes o en situaciones que no han sido aclaradas pero que despiertan dudas de organismos de derechos humanos, sobre todo extranjeros.
Paradójicamente cuando se detiene a capos del narcotráfico se trata de operativos “quirúrgicos”, sin uso de armas, sin un herido, ni un muerto, los capos ni se despeinan y aún se les da permiso de vestirse, acicalarse para estar presentables ante los medios, como en el caso de José Luis Abarca y su esposa.
Como si existieran dos raseros en el uso de las fuerzas federales, en la utilización de armas letales. A unos toda la fuerza del Estado a otros ni una mentada de madre, se vayan a ofender o inconformar o alguien vaya a decir que en México se violan los derechos humanos.
Y es que desde el triste inicio de la inacabable Guerra contra el Narcotráfico que inició Felipe Calderón y que continua el gobierno de Enrique Peña, los ídolos o quienes posan como “rock stars” en medios de comunicación y redes sociales son los capos, los verdaderos delincuentes. Ni una línea para los “daños colaterales” o las llamadas “víctimas inocentes”.
Ya han pasado casi nueve años de que Calderón decretó que este país sería un gran negocio para las funerarias y las fuerzas armadas aún no cuentan ni con el adiestramiento, protocolos de actuación o nociones de cómo utilizar las armas letales en contra de civiles, sobre todo cuando se trata de comunidades indígenas, rurales, grupos sociales.
En 2009 el entonces diputado federal del PVEM y hoy senador, Pablo Escudero Morales, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a hacer uso proporcional de la fuerza en los puestos de revisión y control militar instalados en las distintas carreteras del país, y evitar así el uso de fuerza letal indiscriminada en contra de cualquier persona que se niegue a detenerse.
Desde entonces se advertía que en el curso de la llamada Guerra contra el Narcotráfico emprendida por el gobierno federal se habían suscitado una serie de hechos lamentables en contra de la población civil, con muertes de niños, madres, jóvenes, trabajadores, personas inocentes.
El yerno de Manlio Fabio Beltrones, expuso que en los puntos de control militar la mayoría de las personas que se revisan no son delincuentes, por lo que no se justifica el uso de fuerza letal indiscriminada contra ellas, por lo que era urgente establecer protocolos para el uso de la fuerza, como son la legítima defensa, para hacer cumplir la ley, para salvaguardar un bien jurídico o en ejercicio de un derecho siempre que exista una necesidad racional.
Argumentaba que el recurso a la violencia legítima debe estar regido por el principio de proporcionalidad, de acuerdo con las circunstancias en las que ocurre el presunto peligro para los militares. Hay cinco niveles distintos para el uso de la fuerza: presencia disuasiva, persuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de fuerza no letal y uso de fuerza letal.
Nueve años después parece que nada ha cambiado y aquel punto de acuerdo ni siquiera fue aprobado. Hace unos días el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Fernando Yunes, comentó que luego de una reunión con el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos se acordó trabajar en dos leyes: una de Seguridad Nacional y otra de Seguridad Interior, para “"proteger la actuación de las fuerzas armadas" en su labor de seguridad pública.
Lo cierto es que en México nos estamos acostumbrando a escuetos boletines de prensa que hablan de enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos delincuentes, que después resultan con versiones diferentes como en Tlatlaya, como en el aún confuso Tanhuato, con 43 muertos y ahora en Ostula. Tal Cual
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