Hay una
confusión cuando se le exige a Rogelio Ortega que en unos cuantos meses
resuelva todos los problemas del estado, en especial, los que motivaron que su
antecesor, Ángel Aguirre Rivero, se viera forzado a pedir licencia. Su figura
es la de un gobernador de transición cuya razón de ser es que el gobierno siga
operando en tanto se elige a un nuevo gobernante.
El gobernador
interino se encuentra en el reacomodo de las piezas que requiere sustituir para
efectuar lo necesario para la entrega del gobierno a la próxima administración.
Esa es su tarea. Lo demás que logre será ganancia.
Su
interinato, a diferencia de un gobernador electo, inicia en medio de un
descontento social con aires de insurrección no sólo estatal, sino nacional y
hasta mundial.
La
construcción del diálogo no necesariamente empieza con el acercamiento frontal
a los protagonistas del movimiento que integran los normalistas de Ayotzinapa,
la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones
sociales cuya exigencia de que aparezcan con vida los 43 estudiantes
desaparecidos por las narcopolicías de Iguala y Cocula en abierta colaboración
con un cártel criminal es totalmente legitima.
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Reprimir sus
manifestaciones empeoraría cualquier posibilidad de diálogo, mismo que las
organizaciones han dificultado al radicalizar posiciones, no realmente hacia el
actual gobernador, sino hacia el gobierno federal.
Exigir la
renuncia del interino en cuanto asumió el gobierno es una manera de presionar
al gobierno de Enrique Peña Nieto a que deje de simular y armar shows y que
realmente se aboque a decir al pueblo de México, pero sobre todo a los padres
de los muchachos desaparecidos dónde están sus hijos.
Una
negociación desde posiciones es imposible. El movimiento social por la
aparición con vida de los 43 normalistas tiene una posición radical pero
además, justificada ante la ineptitud del procurador Jesús Murillo Karam para
darles resultados, lo cual deja en medio del conflicto al resto de la sociedad
que hay que decirlo, nos quejamos porque nos toman las casetas pero jamás lo
hacemos cuando los policías protegen a los delincuentes o colaboran con ellos,
como pasó en Iguala y en Cocula.
Tal vez por
eso Rogelio Ortega ha optado por reunirse con las fuerzas políticas del estado,
empezando por los alcaldes del PRI y el Verde. Seguramente pronto lo hará con
los de izquierda para buscar por todos los canales que pueda activarse el
diálogo con los manifestantes.
La forma de
hacerlo no es a garrotazos como muchos quisieran, pero con violencia, no hay
diálogo y el gobernador Ortega lo sabe y aplica su propia manera de hacer las
cosas. Hay que dejarlo tejer.
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