Los dirigentes sindicales no son, ni por asomo, ejemplares ciudadanos de vida modesta. Todo el mundo tiene la certidumbre de que son delincuentes de cuello blanco, enriquecidos a costa de acuerdos mafiosos con los patrones y oferentes de votos en tiempos electorales para el partido de su predilección, que los ha cobijado y elevado a cargos de elección popular o de compadrazgo y compromiso en puestos en la administración pública.
¿Sirve de algo saber cuánto se embolsan mensual o anualmente por concepto de salario y prestaciones cuando sus ingresos tienen otras fuentes de alimento? Sólo abona al morbo el conocimiento de los millonarios ingresos de quienes amén de ser dirigentes sindicales cobran como legisladores locales o federales.
Indudablemente la mayoría puede ser acusada, sin temor a equívocos, de enriquecimiento inexplicable o ilícito, pero una denuncia penal ciudadana difícilmente prosperaría contra algunos de ellos, que las archivan como expedientes de colección. El brazo de la ley no los alcanza si sus cuentas y relaciones están claras con el gobierno en turno.
Salvo contadísimas excepciones, son una fauna de intocables, líderes de la impunidad que se compra con votos y acuerdos soterrados, alianzas en las que el sufragio corporativista soporta carreras políticas de todos colores y siglas.
Los dirigentes sindicales, dueños o gerentes de centrales con membrecía de maestros, trabajadores telefonistas o de la construcción, de burócratas o empleados bancarios, son intocables; sólo merced al cobro de facturas políticas han pisado un juzgado y la prisión. La cúpula política con el poder del momento, los perdona; la amnistía es usada como la gracia de dar la vía del borrón y cuenta nueva, o de plano el exilio, a los incómodos dirigentes.
Joaquín Hernández Galicia, La Quina, supo de ese proceso, de esa relación con el sistema político mexicano que, desde Los Pinos, lo convirtió en un hombre poderoso política y sindicalmente, multimillonario y soberbio, pero también lo defenestró, encarceló y luego lo perdonó. Se fue a vivir sus últimos años en Ciudad Madero sin remordimiento alguno y con algo más que holgura económica y financiera.
Dueños de fortunas incalculables y ofensivas de suyo, los dirigentes sindicales son dueños de vidas y almas de la masa obrera organizada en sindicatos que dicen proceder con transparencia en la rendición de cuentas, pero sus informes abundan en opacidades o cuentas alegres que se quedan en el papel, sin acceso a las cuentas bancarias.
¿A cuánto ascenderán las fortunas del dirigente de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, del ferrocarrilero Víctor Flores y el minero Napoleón Gómez Urrutia, o el de la CROC y actual senador priista aspirante a la gubernatura de Baja California Sur, Isaías González Cuevas?
Hasta hace unas semanas era prácticamente imposible saber cuánto se embolsaban estos apóstoles de la clase trabajadora. No será más un obstáculo la invocada secrecía prevista en la autonomía sindical, para enterarse públicamente cómo se manejan las cuotas de los trabajadores. Y de ahí en adelante hurgar en la fuente que permitió a esos prohombres defensores del artículo 123 constitucional, amasar fortunas insultantes.
¿Sirve de algo saber de esas fortunas que no pudieron amasarlas con el esfuerzo del trabajo? Sólo es morbo. Porque estos dirigentes sindicales son un mal necesario que los torna intocables, dueños de vidas y destinos de miles y miles y miles de trabajadores que, por ley, deben apoquinar su cuota sindical y atenerse a las consecuencias en caso de protestar, porque los informes se aprueban y firman y punto.
Es posible, empero, ver a uno de estos dirigentes en prisión acusado de enriquecimiento ilícito. Sirven a un interés y se sirven de éste. Lo mismo pueden ser panistas en un gobierno federal, que perredistas en el local o priistas en el estatal. Pero de intocables pueden pasar a desechables.
La reforma a la Ley Federal de Transparencia se significa como el medio para llamar a cuentas a dirigentes sindicales y partidistas. La vinculación con el procedimiento judicial puede ser la fórmula para llegar al fondo de las cuentas de los dueños de los sindicatos.
Esa ruta ha comenzado y demuestra cómo los patrones suelen alzarse protectores de sus cancerberos sindicales. Tal es el caso de Petróleos Mexicanos que, en primera instancia, se negó a entregar la información relativa a las percepciones pagadas a Carlos Romero Deschamps, entre noviembre de 2012 y octubre de 2013.
Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), mediante una ponencia de su presidente Gerardo Laveaga, emplazó a Pemex a buscar y dar a conocer las versiones públicas de los recibos de pago o de listas de nómina, en las que conste las percepciones que Romero Deschamps recibió entre 1994 y el año 2000 y del 1 de noviembre de 2012 al 30 de octubre de 2013.
Como maquinista de Pemex gana alrededor de 24 mil pesos mensuales y diez veces más como senador, pero un porcentaje desconocido en calidad de dueño del sindicato petrolero. ¿Cuál es el quid del asunto? Digo.
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